¿El celular o la Convención de Derechos del Niño? Prioridades del Estado peruano ante la APEC

A pocas semanas del Día Mundial de la Infancia, el reciente comentario del ministro de Educación sobre el uso de celulares en las escuelas revela una alarmante desconexión con la realidad educativa del país. En su declaración, sugirió que la restricción de acceso a las aulas no afectaría a los niños y niñas, ya que podrían seguir usando sus celulares. Sin embargo, al hacer tal afirmación, el ministro parece ignorar que para la gran mayoría de niños y niñas peruanos el acceso a la tecnología sigue siendo un lujo inalcanzable.

Esta declaración no es solo una falacia, sino también una manifestación de cómo, en términos amplios, el Estado ignora y ha fallado sistemáticamente en garantizar los derechos de la niñez peruana. La educación en el Perú atraviesa una crisis estructural profunda, marcada por factores multidimensionales como la desigualdad y la inequidad que se reflejan en la educación que ofrece el Estado peruano.

En lugar de reconocer estos problemas y abordar las causas subyacentes, las autoridades parecen optar por una estrategia de ocultar la realidad, especialmente en foros internacionales como el APEC, con la intención de proyectar una imagen que no se corresponde con la situación real del sistema educativo. El Estado peruano parece haber olvidado su compromiso con los derechos fundamentales de la niñez, a pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 28 establece claramente el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.

En este contexto, resulta alarmante que, en un país donde el acceso a la educación enfrenta múltiples obstáculos y donde el sistema educativo no ha progresado significativamente, el ministro de Educación, en lugar de actuar con responsabilidad, parezca bloquear este derecho esencial para el desarrollo integral de los niños y niñas.

El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad educativa en el Perú es solo una parte de un panorama más amplio de problemáticas estructurales que afectan a la niñez en el país. Entre estas se incluyen: i) los alarmantes niveles de desnutrición infantil, ii) la creciente inseguridad ciudadana, iii) la alta prevalencia de violencia familiar, iv) las consecuencias del cambio climático, y v) la brecha digital. Todos estos factores, de manera interrelacionada, perjudican gravemente el bienestar y el desarrollo de los niños, y deberían ser prioritarios en la agenda política del país.

Sin embargo, el Estado opta por ignorarlos y, en lugar de enfrentarlos, prefiere sustituir el diálogo sobre estos temas urgentes por medidas superficiales que solo esconden la realidad. Es inconcebible plantear como solución el uso de celulares cuando los niños enfrentan condiciones que dificultan enormemente su capacidad de aprender: ¿cómo pueden concentrarse en sus estudios si padecen desnutrición o si hay desastres naturales en sus hogares? ¿Cómo pueden asistir a la escuela cuando, al salir de sus casas, son víctimas de robos o violencia? ¿Cómo acceder a recursos educativos cuando carecen de luz o internet?

Es fundamental que, como sociedad, reflexionemos sobre el impacto de las decisiones del ministro de Educación y su equipo. Sus políticas y medidas no solo afectan a los niños, sino que también ponen en riesgo el futuro del país, especialmente en un contexto donde muchas familias enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad. La respuesta del gobierno no puede ser esconder la realidad ni desviar la atención hacia soluciones que, lejos de resolver los problemas estructurales, los perpetúan. Es importante que la APEC tenga plena conciencia de la realidad educativa de nuestro país, y que no se oculte detrás de su celular, señor Ministro.

Dra. Liliana Muñoz, directora de la Unidad de Formación Básica Integral (UFBI) de Cayetano Heredia