El Congreso contra la meritocracia universitaria
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La reciente decisión del Congreso de la República del Perú de eliminar la exigencia de maestría y doctorado para más de 3.000 docentes universitarios no es un acto de justicia ni de reconocimiento a la experiencia. Es, ante todo, una decisión política que consagra el incumplimiento de la ley y profundiza la contrarreforma universitaria que se viene gestando en los últimos años.
La Ley Universitaria 30220 estableció un principio elemental: para enseñar en la universidad se requieren estándares académicos mínimos. No se trató de una imposición abrupta. Hubo plazos amplios, prórrogas sucesivas y condiciones excepcionales. Aun así, un grupo de docentes decidió no cumplir. Hoy, el Congreso ha optado por cambiar la regla en lugar de exigir su cumplimiento. El mensaje es claro y peligroso: en el Perú, esperar puede ser más rentable que esforzarse.
Esta norma rompe de manera frontal el principio de meritocracia. Cerca de 13.000 docentes sí cumplieron con la ley, obtuvieron maestrías y doctorados. Ahora, por el contrario, coloca en el mismo nivel —e incluso con ventajas laborales— a quienes no hicieron ese esfuerzo. No es igualdad: es una injusticia institucionalizada.
El problema no es solo académico, es político. El Congreso ha decidido proteger intereses corporativos y sindicales antes que el derecho de los estudiantes a recibir educación de calidad. Ha preferido el cálculo electoral de corto plazo antes que una política pública orientada al desarrollo. En lugar de fortalecer al sistema universitario, lo debilita al rebajar sus estándares.
Las consecuencias recaen directamente sobre los estudiantes de posgrado. ¿Cómo se garantiza la calidad de una maestría si el asesor no tiene grado de maestro? ¿Qué credibilidad tiene un doctorado evaluado por jurados que nunca concluyeron una tesis doctoral? Estas no son exageraciones retóricas, son escenarios reales que la ley ahora legitima.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) queda atrapada entre tolerar estas inconsistencias o intervenir, con el consiguiente conflicto político que ello implica.
Desde el punto de vista legal, la norma abre un campo fértil para la controversia. Los docentes que sí cumplieron pueden alegar vulneración del principio de igualdad ante la ley y afectación de la carrera pública universitaria. Además, la decisión contradice el espíritu de los fallos del Tribunal Constitucional, que avalaron plazos razonables de adecuación, no exoneraciones permanentes.
La educación superior no es un favor que el Estado concede, es una política estratégica para el desarrollo del país. Devaluar los grados académicos no protege derechos adquiridos: deteriora instituciones, desincentiva el esfuerzo y compromete la credibilidad de los títulos universitarios.
Cuando el Congreso legisla contra la meritocracia, no solo debilita a la universidad peruana. Debilita al país entero.
Dr. Enrique Castañeda, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
