Grados devaluados: implicancias académicas, éticas y legales de la excepción congresal a la Ley Universitaria

La reciente aprobación por parte del Congreso de la República del Perú de una norma que elimina la exigencia de contar con grado de maestría o doctorado para los docentes universitarios que ingresaron antes de la promulgación de la Ley Universitaria 30220 constituye uno de los retrocesos más significativos desde el inicio de la reforma universitaria en 2014. Bajo el argumento de “reconocer trayectorias” y “proteger derechos laborales”, la medida abre una serie de interrogantes profundas sobre la calidad de la educación superior, la meritocracia académica y la coherencia del sistema universitario peruano.

Impacto directo en la calidad educativa

La exigencia de grados académicos no fue un capricho normativo. La reforma universitaria estableció la maestría y el doctorado como estándares mínimos para asegurar que la docencia universitaria estuviera alineada con la generación de conocimiento, la investigación y la formación avanzada. Eximir a más de 3,000 docentes de estos requisitos crea, en la práctica, un sistema dual de calidad, donde algunos profesores continúan ejerciendo sin cumplir los estándares que sí se exigen al resto.

Esta diferenciación erosiona la consistencia académica del sistema y transmite un mensaje preocupante: la experiencia puede reemplazar indefinidamente a la actualización y al desarrollo académico formal. En un contexto global donde la calidad universitaria se mide por investigación, producción científica y formación de posgrado, esta excepción debilita la competitividad del país.

La ruptura de la meritocracia

Quizá el efecto más corrosivo de esta norma sea el golpe directo a la meritocracia. Cerca de 13,000 docentes —principalmente en universidades públicas— sí realizaron el esfuerzo de cumplir con la ley, invirtiendo tiempo, recursos y compromiso académico para obtener maestrías y doctorados. La nueva disposición no solo iguala situaciones desiguales, sino que premia el incumplimiento, enviando una señal desalentadora a quienes apostaron por la mejora continua.

Esta lógica también afecta a las nuevas generaciones de docentes e investigadores, para quienes el mensaje es claro: el esfuerzo académico puede ser opcional si se espera lo suficiente a que la norma cambie.

Consecuencias para estudiantes de maestría y doctorado

Uno de los aspectos más críticos —y menos discutidos— es el impacto en los estudiantes de posgrado. ¿Cómo se garantiza la calidad de una maestría si su asesor no posee el grado de maestro? ¿Qué legitimidad académica tiene un doctorado cuando el jurado incluye a docentes que nunca culminaron una tesis doctoral?

Estas situaciones no son solo simbólicas. Pueden comprometer la validez académica de los programas, la reputación institucional y, eventualmente, el reconocimiento nacional e internacional de los grados otorgados. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) queda ante una disyuntiva compleja: tolerar estas inconsistencias o intervenir, con el consiguiente riesgo de conflictos institucionales.

Riesgos legales y conflictos laborales

Desde el punto de vista jurídico, la norma abre un flanco de posibles controversias. Los docentes que sí cumplieron con los requisitos podrían alegar vulneración del principio de igualdad ante la ley y afectación a la carrera meritocrática en la función pública universitaria. Asimismo, se generan contradicciones normativas con los criterios de aseguramiento de la calidad y con precedentes establecidos por el Tribunal Constitucional, que avaló plazos razonables de adecuación, no exoneraciones permanentes.

En lugar de fortalecer la institucionalidad, la medida incrementa la judicialización potencial del sistema universitario y profundiza la incertidumbre regulatoria.

Reflexión final

La educación superior es, ante todo, una apuesta de largo plazo por el capital humano. Invertir en la formación superior de calidad es la principal fuente de crecimiento. Devaluar los grados académicos no protege la universidad: la debilita. La excepción aprobada no solo afecta a los docentes y estudiantes de hoy, sino que compromete la credibilidad futura de los títulos universitarios y del propio Estado como garante de la calidad educativa.

Más que flexibilizar estándares, el país necesita reforzar la meritocracia, la gestión universitaria y el valor real de los grados académicos. De lo contrario, el riesgo es claro: convertir los títulos universitarios en meros “títulos de papel”, vaciados de contenido y de confianza social.

Dr. Enrique Castañeda Saldaña

Rector, Universidad Peruana Cayetano Heredia